Empresarios ACORRALAN a la ministra Teresa Ribera por FRAUDE con fondos UE
El grupo de empresarios que han denunciado una posible «trama corrupta» en la gestión de los fondos europeos han ampliado la querella que presentaron el 21 de abril de 2023 ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora añadiendo el presunto delito de «estafa procesal». Los denunciantes han visto como en los últimos meses ni la OLAF ni el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha remitido los expedientes que le pide el juez instructor. Por ello, llegan a afirmar en la citada ampliación que «ha existido una estrategia coordinada a los efectos de engañar» al órgano judicial» e incluso hablan de «documentación falsa». Con el objetivo de poder conocer el destino de este dinero de la UE, piden a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice una investigación «al objeto de que se puedan investigar las transferencias realizadas entre los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda a favor del grupo Acciona».
El origen de esta investigación judicial fue una información publicada por THE OBJECTIVE el 23 de marzo de 2024 bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, y a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en lo siguiente:
«es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona».
Desde que empezó la instrucción, el juez ha librado varios oficios reclamando el expediente de este caso, incluso con apercibimiento de «desobediencia», tanto a la OLAF (Oficina Europea Antifraude) como al Ministerio de Transición Ecológica, pero no se le ha remitido la información solicitada. Por ello, estos empresarios presentaron el pasado día 29 de febrero una nueva ampliación de la querella.
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